El gobernador de la provincia expresó en declaraciones públicas, que la derogación de la ley provincial 3981 anticianuro, se debió a la intención del difunto ex gobernador Carlos Soria, de convertir a Río Negro en una provincia minera, al estilo de Catamarca, o San Juan.
En ambas provincias ya se ha comprobado que hay más pobreza ahora que antes del desembarco de las corporaciones megamineras.
Desde la Bolivia de la época de la colonia, con la explotación del cerro de Potosí, la experiencia histórica demuestra que la extracción de metales preciosos nunca trajo ni riqueza ni progreso a los pueblos, todo lo contrario, y eso es particularmente cierto con la megaminería actual, que deja algunas migajas al fisco por pocos años y una contaminación ambiental por siglos, acidificando el terreno y liberando y disolviendo metales pesados venenosos. En sus declaraciones afirmó que la megaminería no avanzaría sin licencia social, pero esta licencia seria sólo de las comunidades locales. La explotación megaminera puede traer algo de mano de obra reducida al comienzo, con la construcción de caminos y edificios, pero luego de esto, y con el correr del tiempo sólo queda desolación y la gente que vivía de emprendimientos productivos genuinos, en particular los que usan agua y tierra, se verá obligada a engrosar los cinturones de pobreza de otras ciudades cercanas como Bariloche, en busca de changas u oportunidades temporarias en época turística. El cambio de rumbo productivo a extractivo de una provincia es un tema de interés de toda la provincia y no sólo de las comunidades locales.
.jpg)
