Una vez más el ministro Marcelo Mango nos sorprende con su particular interpretación respecto de cuando un accionar es desleal e ilegítimo. También por su capacidad para dejar en el arcón de los olvidos sus años de gremialista.

Debemos recordarle que según el estatuto de UnTER, los paros se definen en un congreso, con el voto de los 2/3 de asistentes y que la organización debe informar al Ministerio de Trabajo cinco días hábiles antes de la medida. El paro del 21 de Julio, se definiò por el voto del 90% de las y los congresales, informado a las autoridades el 25 de junio, cumplimos con todos los pasos legales, si el gobierno tiene problemas de comunicación,  no es nuestra tarea resolverlos.

 Desde el mes de abril, cada vez que nos sentamos en las reuniones de comisión política salarial, solicitamos el acortamiento de los plazos, la equiparación salarial para docentes de escuelas secundarias, la derogación del certificado médico único, la eliminación del tope del salario familiar, escuelas en condiciones dignas, la restitución de las jornadas institucionales entre los puntos más salientes, a la fecha no tenemos respuesta, por consiguiente son los ejes de la convocatoria, somos leales respecto de nuestros posicionamientos, no salimos con nada fuera de lo común.

 Mientras tanto, la patronal publica resoluciones que afectan directamente los derechos laborales, se cierran cargos, se limita y censura el derecho a peticionar de las comunidades educativas, los problemas edilicios se agravan y las soluciones se atan con alambre. 

 El ministro acordó una reunión paritaria para el 18 de junio, pero se va de gira por el valle con el gobernador, sin  avisar la suspensión ni una nueva fecha para el encuentro, solo por una cuestión de respeto entre las partes. También firmó el acta en el que se comprometió a reiniciar el análisis y revisión de políticas educativas como por ejemplo la resolución 35/13, no sólo no lo hizo, lo que es peor avanzó en la normativa y dictó la resolución 2390/14 de articulación entre los niveles primario y medio, que avasalla derechos de trabajadores/as y estudiantes.

 Las y los docentes de Enseñanza Técnico Profesional, responsables de la formación docente para compañeras/os de escuelas técnicas hace  meses que no cobran por su trabajo, tampoco se han devuelto las sumas descontadas arbitrariamente a compañeras y compañeros de El Bolsón  y Bariloche que reclamaron condiciones mínimas para iniciar las clases.