PREOCUPA LA FALTA DE PORTEROS EN LAS ESCUELAS
La Comisión Directiva de UnTER Seccional Roca - Fiske Menuco y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), denuncian la falta de Personal de Servicios de Apoyo, porteros, en varios establecimientos de la ciudad y parajes aledaños. A diario, desde que inició el ciclo lectivo, se suspenden clases por este motivo.
La cantidad de compañeros/as porteros/as es insuficiente en la mayoría de las escuelas: CEM 1, 9, 106, 107, 73, 148; CET 17, CENS 23, 29, 30, 86, 88; Escuela 35, 56, 107, 128, 286, 317, 350, Escuela Laboral 2, Especial 1, EBBA 30; IFDC; Jardín 18, 33, 53, 103, 106, entre otras, ya que no debe asociarse a la cantidad de estudiantes sino a la complejidad de la modalidad en que se desempeñan. Como solución se ofrecen horas suplementarias (hasta cuatro horas extras) a un monto irrisorio que se demora meses en cobrar por supuestos atrasos en la información de liquidaciones por parte del gobierno.
La falta de aceptación de éstas condiciones por parte de los porteros y la recarga que se genera en quienes permanecen en la función se convierte en un avasallamiento de derechos laborales y de riesgo en el mantenimiento de las condiciones edilicias. A esto se suma la falta de insumos de limpieza y elementos protectores de higiene y seguridad.
Con las condiciones imperantes el funcionamiento de algunos establecimientos depende del día a día y de la voluntad de las comunidades educativas, quienes sostienen el derecho a educar en condiciones dignas.
Estudiantes, docentes, padres deben lidiar a diario con exigencias de edificios propios, problemas edilicios, falta de mantenimiento, de provisión de insumos de limpieza, de refrigerio y comedor en tiempo y forma, de Personal de Servicio de Apoyo, etc. Estas situaciones, aparentemente naturalizadas, forman parte de la vida diaria del Sistema Educativo de la provincia.
Lamentablemente las Comunidades Educativas son rehenes del Ministerio de Educación y DDHH, ya que sus funcionarios y/o representantes no brindan soluciones rápidas y efectivas, para garantizar el derecho social a la educación.
